Los parlamentarios del Consejo Legislativo del estado Bolívar consideran que de continuar el conflicto entre la empresa Ternium Sidor y sus trabajadores, podría devenir un período de recesión económica que no solo afectaría a la región, sino también al país.
Tales declaraciones fueron ofrecidas por los diputados en el marco del programa número 100 del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, en el cual ratificaron el apoyo a esta gestión de gobierno que ha dado muestras de excelencia gerencial.
Señalaron que en el supuesto negado de que el conflicto se extienda y se mantengan los paros escalonados de las acerías, podrían verse afectadas muchas empresas que necesitan el acero como materia prima para elaborar sus productos.
Además, ello ocasionaría la pérdida de miles de puestos de trabajo y mermaría la pujante economía de la región, que a la fecha juega un papel importante pues esta entidad es una alternativa no petrolera para el desarrollo del país.
No a la politización del conflicto
Los parlamentarios se hicieron eco de algunos voceros que también han manifestado su desacuerdo con la politización del conflicto que algunos "politiqueros de oficio" han pretendido implementar para llevar la situación a un verdadero caos.
"Continuamos haciendo un llamado a los trabajadores siderúrgicos extensivo a todos los trabajadores del estado Bolívar, para que no dejen politizar su lucha, ya que resulta sospechoso ver este panorama cuando en las anteriores discusiones de contrato colectivo de Sidor, no se veía a ninguno de estos líderes de oposición facilitando la discusión", destacaron.
Los legisladores regionales recordaron que el grupo matancero de Sutiss junto a los gobernantes de la Cuarta República, en una campaña mediática sin precedentes, convencieron a los trabajadores siderúrgicos y a la opinión pública de la época, de que el proceso de privatización de las empresas básicas, traería mayor desarrollo por la inversión de capital extranjero en el país.
Acusaron a Andrés Velásquez y Ramón Machuca, además del Ministro de Cordiplan en aquel momento, Teodoro Petkoff, como los protagonistas y principales causantes de la problemática que hoy día se está enfrentando.
Indicaron que una vez que estos actores políticos permitieron la privatización de la empresa, fueron despedidos más de 9 mil trabajadores, implementando así la tercerización o contratación de mucho personal. "Esta que es la más vil esclavitud a que puede ser sometida la clase obrera, ya que elimina los beneficios que por convención colectiva le correspondían, además de eliminar importantes cláusulas del contrato colectivo vigente", dijeron.
Los parlamentarios expresaron su interés en que se resuelva el conflicto siderúrgico y que la lucha que están librando los trabajadores, llegue a feliz término, claro está "sin la intromisión de politiqueros de oficio cuyo único propósito es la desestabilización de la región".
Al mismo tiempo, hicieron votos para que la Comisión de Alto Nivel conformada por los titulares de la cartera del Trabajo, de Industrias Básicas y Minería y el gobernador del estado Bolívar, se reúnan nuevamente con las partes en conflicto.
Finalmente, reiteraron su apoyo a la lucha de los trabajadores siderúrgicos para que cualquier decisión que tengan a bien tomar, "sea producto de la consulta y el consenso de toda la clase trabajadora de la insigne empresa siderúrgica, ícono nacional y mundial de las luchas de la clase trabajadora".